I. PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DEMOCRACIA Y REFORMAS POLÍTICAS

Apostamos por revisar nuestro modelo de estado y marco democrático:

  • EQUO apuesta por la apertura de un proceso con participación ciudadana para la reforma de la Constitución Española que defina un nuevo modelo territorial de Estado, garantice un sistema electoral efectivamente proporcional, establezca los cauces para una democracia más participativa y afronte las reformas necesarias que garanticen el mejor funcionamiento de la justicia y sus órganos de gobierno. En este debate EQUO aboga por un estado federal, laico y republicano, por un sistema electoral altamente proporcional por un marco legislativo que garantice una efectiva participación ciudadana así como reformas para la mejora del funcionamiento de la Justicia.
  • En EQUO defendemos las identidades superpuestas y compartidas, la multiculturalidad, la pluralidad y el mestizaje.
  1. Reforma del marco normativo electoral para garantizar la proporcionalidad y equidad del voto, la igualdad de oportunidades para todas las opciones políticas, la mejora del vínculo entre votantes y cargos electos y para dar mayor capacidad a electores y ciudadanos. Esta reforma se plantea en dos fases:

    Primera fase reforma inmediata de la LOREG (Ley Orgánica Régimen Electoral General) sin reforma constitucional.
    Esta reforma se plantea con la asignación de 1 diputado mínimo por provincia en lugar de los 2, de ahora, establecer un colegio de restos a
    nivel estatal con 50 diputados, listas desbloqueadas, eliminación de la barrera electoral del 3% así como el cambio de la Ley D’Hondt por la de Hare.

    Segunda fase con la reforma de la Constitución, defenderemos como posible fórmula un sistema de doble papeleta para el Congreso que mantiene la votación a listas de partidos desbloqueadas y otra parte de elección directa de diputados en listas abiertas además de desbloqueadas. Se propone asimismo la eliminación del requisito de avales acompañado de una limitación del acceso al censo electoral para el conjunto de formaciones.

  2. Reforma del Senado para darle verdadera naturaleza de cámara de representación territorial con atribuciones específicas en políticas de carácter territorial, siendo cámara de primera lectura y sede de la coordinación multilateral del conjunto de las Comunidades Autónomas.
    Dicha reforma debe dar al Senado atribuciones específicas y efectivas de cámara territorial con primera lectura para materias de marcado carácter territorial y de manera que sea un lugar de coordinación entre las comunidades mediante la institucionalización de la Comisión General de las comunidades, habilitando debates sectoriales, permitiendo la presencia de consejeros y presidentes de las Comunidades Autónomas y haciendo de esta cámara la sede de la Conferencia de Presidentes autonómicos, de la Conferencia de Presidentes de las Asambleas autonómicas o del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La elección del conjunto de los senadores se haría por sufragio universal coincidiendo con las Elecciones Autonómicas para cada Comunidad y no con las Elecciones Generales, estableciendo un número de senadores por comunidad de uno como mínimo y senadores adicionales en función de la población.
  3. Reforma que garantice la apertura de los partidos políticos a la ciudadanía, su transparencia y su democracia interna vinculando su financiación pública al cumplimiento de dichos aspectos de su funcionamiento. Regulación efectiva de su financiación según las recomendaciones del observatorio europeo GRECO de 2009 y abril de 2011.
    De cara a hacer de los partidos políticos entes permeables a la voluntad popular, con una organización interna democrática y transparente hacia la ciudadanía, proponemos regular su principal fuente de ingresos: las subvenciones públicas, de manera que los partidos deban garantizar en su funcionamiento su apertura a la ciudadanía, su transparencia y democracia interna. Para ello se establecería un mecanismo de subvenciones variables en función del cumplimiento de estos objetivos. En lo relativo a la financiación hacemos nuestras las recomendaciones del observatorio europeo contra la corrupción GRECO en su informes de 2009 y 2011. Entre las mismas: Regulación de préstamos bancarios, consolidación de las cuentas de los partidos con las ramas locales y entidades afines, transparencia de la información facilitada, refuerzo de las auditorias internas, desarrollo de un sistema de sanciones más amplio y mejora de las atribuciones y recursos del Tribunal de Cuentas.
  4. Establecimiento de un marco legal de participación ciudadana para la iniciativa, debate y toma de decisiones: consejos ciudadanos por sorteo, participación y voto online, revocatoria de cargos electos, mejora de Iniciativas legislativas populares y referéndum, presupuestos participativos o reforma de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) entre otras.

    Planteamos 6 grandes reformas para la democracia participativa:

    1. Ley de participación ciudadana que regulará aspectos como los consejos ciudadanos por sorteo, el impulso de la participación y voto online o el mecanismo de revocatoria.
    2. Reforma de los Reglamentos del Congreso y Senado.
    3. Reforma de la ley de régimen local para incentivar la participación ciudadana en el ámbito municipal y el uso generalizado de los presupuestos participativos.
    4. Reforma de AEVAL para hacerla dependiente del Congreso garantizando su independencia y potenciar sus funciones tanto de evaluación legislativa previa como de las políticas y servicios públicos realizando una difusión efectiva de sus informes.
    5. Plan de sensibilización y formación para la democracia participativa.
    6. Reforma de la Constitución y las leyes orgánicas para la mejora de las Iniciativas Legislativas Populares y los Referéndum.
  5. Establecimiento generalizado de identificación con DNIe en las administraciones públicas para fomentar una mayor participación ciudadana. Irá acompañado de un régimen de sanciones para las grandes empresas que incumplan las obligaciones descritas en la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
    Para el desarrollo de la participación democrática de la ciudadanía a través de las nuevas tecnologías, proponemos establecer un régimen de sanciones para las empresas que incumplan las obligaciones descritas en la LMISI (Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información) respecto de facilitar a sus usuarios un medio de interlocución telemática y sanciones a las administraciones públicas que incumplan esas mismas obligaciones tal como se detallan en la LAECSPM (Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos).